Una de las grandes dificultades que impiden que el desarrollo se despliegue en las ciudades y territorios es que se piensa el desarrollo como una gestión del territorio (los residuos, la seguridad, el agua, la educación, el urbanismo, la economía, la movilidad...... se piensan en relación al territorio con el que trabajamos) en vez de entenderlo como la gestión de las personas que habitan ese territorio y de las organizaciones en las que se asocian.
9 meses atrás escribí un artículo acerca de este tema que tuvo bastante repercusión por lo que creo que os interesará que reincida en el tema con aportaciones distintas. En todo caso, al final de éste encontraréis el artículo anterior.
Lo que ocurre cuando pretendemos gestionar territorio
Esto hace que, por ejemplo, para urbanizar una calle, se empiece por los estudios técnicos y la elaboración de propuestas a cargo de los arquitectos. Solo después de eso, en los casos en que se hace, se abre un proceso de información a la ciudadanía. Es decir que, primero se considera el territorio y los criterios de los profesionales sobre el mismo y solo después se tiene en cuenta a las personas y sus necesidades e intereses.
Me pregunto ¿por qué no hacerlo al revés? Es decir, empezar por preguntar a las personas ¿cómo les gustaría que fuera su calle?, ¿qué les gustaría que pasara en ella? Una vez que se conozca lo que desean las personas es cuando ya pueden entrar los arquitectos/urbanistas para diseñar aquello que los usuarios del espacio desean.
De esta forma son los usuarios -los ciudadanos- quienes definen lo que desean y los profesionales los que se encargan de llevar a la realidad aquello que desea la población, obviamente, cumpliendo con las normas y los requisitos técnicos. ¿No es así como se hace cuando una persona quiere encargar su casa? Es el propietario, y no el arquitecto, quien define cómo quiere que sea su casa. El rol del arquitecto es el del especialista que se encarga de diseñar la casa de acuerdo a los deseos del propietario y, por supuesto, a los requisitos técnicos.
¿Qué problema hay en hacerlo también de esta manera al diseñar una nueva calle y, por supuesto, para el caso más general de definir el futuro de una ciudad?
En el caso de una calle, es obvio que hay unos requisitos técnicos y funcionales que se deben cumplir. Pero si la participación ciudadana desea que haya más espacios verdes, aceras/banquetas más anchas, estos requisitos deben incorporarse en el diseño final del espacio público.
Si no estamos dispuestos a que eso ocurra, es decir, si el espacio va a quedar tras la consulta/participación como se ha diseñado desde un principio, lo honesto es no organizar ningún tipo de proceso participativo.
¿Parecería lógico que….?
Intentemos trasladar esta situación a otros ámbitos,
¿Parecería lógico que fuera un economista quien les dijera a los empresarios a qué deben dedicar sus negocios?
¿Parecería lógico que un especialista en asuntos sociales les indicara a las ONGs a qué colectivo deben dedicar sus esfuerzos y cómo deben hacerlo?
¿Parecería lógico que fuera un experto en universidades externo quien le dijera a una universidad hacia qué rama del saber debe orientarse y dónde aplicar sus esfuerzos?
La respuesta a todas estas preguntas es obvia para todos y es que, claramente, ¡no! No tiene sentido que sea alguien ajeno a una organización quien decida lo que debe hacer esa organización y qué prioridades debe tener. Exactamente igual, quien debe decidir el futuro de una ciudad es la sociedad local. Los expertos entrarán en juego después de que la sociedad local haya tomado la decisión sobre “qué debe ser esa ciudad”. Y el papel de los expertos consiste en indicar el camino a seguir para que la ciudad alcance los objetivos que la sociedad local ha definido. En ningún caso tiene sentido solicitar a los expertos que decidan el futuro de la ciudad (así como el arquitecto diseña la casa que ha definido previamente su propietario pero no decide si la casa va a tener 1, 2 o 3 plantas ni tampoco toma otras muchas decisiones).
¿Por qué, entonces, cuando hablamos de ciudades o regiones, tantas ciudades hacen las cosas al revés y deciden poner su futuro en manos de un especialista (consultor) reservando un papel puramente accesorio (encuestas, asambleas informativas o, como mucho, consultivas) a su propia opinión pública?
¿Será que los ciudadanos no tienen capacidad para definir el futuro que quieren para su ciudad? Claramente, ese no es el caso.
Pero, entonces, ¿por qué no se aplica la lógica si el método “de toda la vida” no funciona?
La respuesta creo que está en dos posibles razones (que, en realidad, son dos caras de un mismo motivo).
Por un lado, los políticos responsables desconocen cómo gestionar el proceso de definición de una Visión de Futuro para su ciudad a cargo de la sociedad local.
La otra cara de la misma moneda sin duda es el miedo a perder el control sobre las decisiones de la ciudad/territorio.
En definitiva, el gran problema estriba en que los tomadores de decisiones municipales no ven cómo llevar a cabo un proceso de codefinición del futuro de la ciudad junto a sus actores locales. Y, ante ello, optan por una solución más “controlable”: contratar a alguien que tome la decisión en vez de ellos y de la sociedad local, apoyándose en análisis de información, encuestas, asambleas, etc.
A la vez, frente al desconocimiento de la forma de gestionar un proceso de codefinición del futuro de la ciudad, aparece la gestión territorial como una disciplina mucho más conocida y consolidada: se estudia en las universidades y, por lo tanto, hay especialistas en ella, dispone de un corpus legislativo y tiene una relación directa con la industria de la construcción y, por lo tanto, con la actividad económica.
En cambio, ¿dónde se estudia la gestión de la población de una ciudad? ¿qué legislación hay sobre ello? ¿con qué industria se relaciona? Una serie de preguntas que no tienen respuesta y que explican por qué en tantos lugares se tiende a gestionar la ciudad como si no fuera más que un territorio en vez de gestionarla como una comunidad de población.
El problema es que tratar a la ciudad únicamente como un territorio y no, como una comunidad de habitantes, impide la generación de un consenso sobre el futuro de la ciudad entre los actores locales. Y el resultado de esta realidad es la imposibilidad de que los actores locales, al no disponer de un proyecto común de ciudad, caminen juntos en la construcción de ese proyecto conjunto y, en consecuencia la gran cantidad de fracasos en el desarrollo de tantas ciudades y regiones.
ODS y Agenda Urbana también abonan este criterio
Por si hicieran falta más argumentos para esa idea, tanto los ODS como la Agenda Urbana de Naciones Unidad exigen la participación ciudadana y la de los actores del territorio, tanto en la definición de objetivos como en el diseño y la ejecución de su despliegue, como un factor esencial para conseguir la transformación deseada.
Eso es,
La definición de los ODS expresa muy claramente que 1) los 17 ODS deben tratarse de forma integrada porque la acción en un área afectará los resultados en otras y 2) que el desarrollo debe equilibrar sostenibilidad social, económica y ambiental. Por lo tanto, lo que nos dicen los ODS, es que no tiene sentido definir un plan de desarrollo económico independientemente de la sostenibilidad ambiental ni de la sostenibilidad social ni tampoco lo tiene el definir un plan contra la pobreza sin considerar la economía y el medio ambiente. En la práctica, nada de eso se toma en cuenta y vemos como muchas ciudades y territorios disponen de diversos planes sectoriales, pero todos ellos definidos de forma independiente de los demás, imposibilitando, en consecuencia, cualquier tipo de interrelaciones y sinergias entre sectores.
La Agenda Urbana Española, por su parte, nos habla de que, tras la fase de diagnóstico, hay que definir un marco estratégico singular (es decir, distinto del de las demás ciudades), o sea, una definición de objetivos específicos para esa ciudad, comunes para todos los ámbitos y sectores locales, que sean coherentes y que tengan la capacidad de generar sinergias entre los distintos actores locales y entre los diferentes ámbitos sectoriales del Plan de Acción de la Agenda Urbana de esa ciudad. A pesar de todos estos argumentos, escasean las ciudades que disponen de un marco estratégico como ese. (Lector, te Invito a releer el siguiente artículo para ver un ejemplo real de Marco Estratégico):
Conclusión
En realidad, lo que la ciudad necesita para impulsar su transformación de acuerdo a los objetivos del S.XXI (ODS, Agenda Urbana) es:
que sus ONGs y entidades sociales sumen sus esfuerzos entre sí y a los del Ayuntamiento para reducir al máximo las situaciones de pobreza y desamparo
que sus empresas colaboren con el Ayuntamiento y con el resto de la ciudad para potenciar al máximo la economía local.
que sus centros universitarios orienten sus prioridades hacia los objetivos de ciudad de forma que generen y transfieran conocimiento para contribuir a la
excelencia de la ciudad en los objetivos singulares que se ha fijado
Pero esta suma de esfuerzos y de recursos solo se dará si todos esos actores locales comparten un objetivo común para la ciudad, un objetivo común que solo podrá existir si lo han definido juntos (llámese Marco Estratégico o estrategia de ciudad).
Y, para que eso se dé, es esencial que la autoridad local enfoque ese proceso de transformación como un proceso con los actores locales y la población en vez de verlo como un simple proceso de gestión territorial.
Como os lo prometí al inicio del artículo, os invito a releer el siguiente artículo si deseáis ampliar detalles sobre el mismo tema:
Excelente análisis Alain. Si el territorio es una construcción social, ¿cómo gestionar un territorio al margen de la actoría de sus ciudadanos? Quito (Ecuador) es un ejemplo del fracaso con intentos de planear el uso y gestión del suelo, sin tener primeramente un plan de desarrollo del territorio trabajado con la gente. No existe una mínima conexión entre lo económico, social y ambiental. El resultado es una economía que va en deterioro en más de una década, un crecimiento desmesurado de la burocracia, encarecimiento de los costos de vida, los crecientes problemas sociales que van incrementando la inseguridad y desincentivando la inversión, un problema de grave afectación ambiental cuyos costos ya están siendo sentidos.